El Gobierno de Gibraltar ha confirmado que está considerando la actualización de los instrumentos jurídicos disponibles para que la Royal Gibraltar Police (RGP) pueda hacer frente a delitos de terrorismo. El Ministro de Justicia, Gilbert Licudi ha declarado días pasados que su Gobierno está “constantemente vigilante” sobre todos los asuntos relativos con el terrorismo.
Aunque esto ha sido un proceso de larga duración que se inició hace varios años, el reciente descubrimiento de un complot terrorista de Al-Qaeda en la zona, que condujo a la detención de tres sospechosos, incluyendo uno en La Línea con conexiones en Gibraltar y la subsiguiente locura mediática que se ha creado, ha dado a la cuestión un mayor sentido de urgencia. Licudi en cualquier caso ha manifestado que no existe un vínculo entre los arrestos en España y en la revisión de la legislación actual.
En los últimos tiempos, oficiales superiores de la policía han comentado tanto en público – una entrevista por el ex comisionado de policía Louis Wink poco antes de su jubilación – y en particular, con respecto a la insuficiencia del actual marco legislativo, sobre las desventajas que afronta la Policía en relación con otros países de la UE cuando se trata de la investigación de delitos de terrorismo.
Fuentes informadas han asegurado que entre los temas objeto de consideración se encuentra el de la interceptación de las comunicaciones electrónicas, incluidos los teléfonos, lo que sería una fuente vital de información de inteligencia en casos de terrorismo para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Aunque en el pasado hubo ambigüedad en las leyes locales que permitieron a la Royal Gibraltar Police cierto margen para llevar a cabo estas operaciones, que se consideraban ni legales ni ilegales, catalogándose más como de pecado civil, la introducción de la Ley de Telecomunicaciones unos siete años atrás, originalmente prevista para frenar el mal uso de los teléfonos, más tarde se amplió a prevenir el comportamiento abusivo en Facebook y otras redes sociales, como delito específico y absoluto de todo uso indebido y la interferencia de las telecomunicaciones, sin excepción, lo que dificulta las operaciones policiales, independientemente del delito que se investiga, entre ellos uno de tanta gravedad como el terrorismo.
Poderes para detener a sospechosos de terrorismo durante un tiempo suficiente para permitir que la policía tenga la posibilidad de un interrogatorio exhaustivo, incluso antes de que se formulen cargos, es otro de los temas que se consideran.
Estos son ejemplos de instrumentos a disposición de las fuerzas policiales de otros países de la UE que las agencias policiales locales no tienen. Los procedimientos concretos que deben seguirse en cada uno de estos casos son también objeto de debate. Un obstáculo importante hasta la fecha, desde el punto de vista de las operaciones de lucha contra el terrorismo y los instrumentos a disposición de las agencias locales de aplicación de la ley, ha sido el predominio de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hasta la fecha ha frenado la progresión de Gibraltar en este campo policial a los estándares disponibles en otras partes de la UE. La preocupación por la erosión del derecho del individuo a la intimidad y de “dar demasiado poder a la policía” se suele presentar. Sin embargo, los observadores han señalado que la CEDH existe en otros países de la UE donde las fuerzas policiales ya tienen estos poderes. El plan para la introducción de estas medidas que ya existe en la forma de la prevención del terrorismo en el Reino Unido, que da a la policía mayores poderes de detención en los casos de presuntos terroristas y los poderes de investigación del Acta Reglamentaria 2000 (RIPA) en el Reino Unido, que regula las atribuciones de la policía para llevar a cabo la vigilancia y la investigación, incluida la interceptación de las comunicaciones electrónicas en los casos en que haya motivos razonables, tales como la investigación de terrorismo.
La policía requeriría una orden firmada por el Ministro del Interior para poder aplicar este Acta. Los delitos que caen bajo el ámbito de aplicación de esta legislación son el terrorismo y los delitos graves como el tráfico de drogas a gran escala.
En la legislación vigente en Gibraltar, en lo referente a los delitos de terrorismo hay que tener presente tres apartados de la legislación, la Ley de Terrorismo de 2005, la Ley contra el Terrorismo de 2010 y los reglamentos de Terrorismo de 2011, que se dirigen principalmente a la prevención del blanqueo de dinero por parte de terroristas.
El Ministro de Justicia, Gilbert Licudi ha respondido al Gibraltar Chronicle en torno al tema que: “El gobierno está revisando la legislación relacionada con el terrorismo para considerar qué mejoras se deben hacer. Estamos constantemente vigilantes sobre todos los asuntos relativos al terrorismo y nos hemos comprometido a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley dispongan de los recursos que necesitan para esto”.
Autor: Redacción
