Un litigio con España y la intención de cooperar
El Gobierno de Gibraltar ha articulado su denuncia contra la designación del Lugar de Interés Comunitario del Estrecho Oriental, que atribuye a España aguas que el Peñón considera británicas, en base a criterios de su gestión asentada -el hecho consumado- de ese espacio durante varios años. El litigio coincide con negociaciones del Foro para concretar acuerdos de cooperación judicial y fiscal. Un terreno en el que Gibraltar tiene como objetivo liquidar los flecos de mala reputación que “desde fuera” han sido achacados a su centro financiero.
La Agencia Tributaria desmintió en su día la información que le atribuyó un intento de meter de nuevo a Gibraltar en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE . La aclaración, ya digerida, ha dado paso a una situación de normalidad en el campo diplomático, donde el Foro de Diálogo aborda en su segunda agenda de trabajo un acuerdo precisamente referito a la cooperación en materia de fiscalidad. Apaciguados los ánimos y confirmado que una supuesta enemistad de España carecía de fundamento, el camino apunta presentar el acuerdo en la próxima reunión tripartita de rango ministerial. Ya se despejó la posibilidad de que España denunciara a Gibraltar y de que el Peñón contraatacase, con lo que la cuestión de la cooperación en fiscalidad y finanzas se toca en el Foro. Así lo han corroborado fuentes oficiales señalando que este tema ocupa el segundo lugar, en prioridad, por detrás de la colaboración en seguridad marítima.
El Gobierno de Gibraltar presume de la transparencia, nivel de colaboración y rigidez en la observación de normativas anti fraude que exudan las estructuras financieras de la Roca. Esta declaración contrasta con viejas reclamaciones de la Fiscalía Anti Corrupción española respecto a una presunta resistencia a facilitar todos los datos requeridos para determinadas operaciones. La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar protesta por la vinculación que a menudo establecen políticos o poderes fácticos españoles entre redes de delincuencia que operan en la Costa del Sol y el parque de servicios bancarios y financieros existente en el Peñón.
Este organismo sostiene que la reputación es esencial para que un centro financiero sea competitivo y exhibe con orgullo el reconocimiento a la infraestructura gibraltareña por parte de organismos y publicaciones especializadas de ámbito internacional.
La RGP dice mantener una comunicación fluida y eficaz con fuerzas de seguridad españolas. Si ésta resulta fortalecida con una cooperación a nivel judicial, la normalización de las relaciones transfronterizas alcanzará otra cota histórica.
La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (FSC) acaba de lanzar una significativa revisión de las normativas contra el blanque de dinero y la financiación del terrorismo dirigidas al sector financiero.
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Autor: Redacción
