La polémica de las aguas, un arma arrojadiza para la oposición local
Gibraltar despide un año que en lo político ha estado muy marcado por los tira y aflojas en torno a la territorialidad de las aguas, una controversia que arrancó con la designación del LIC y que el Foro sorteó en verano. Frente a la idea de que la polémica moría allá por el mes de julio, el rebrote en este final de 2009 ha vuelto a soliviantar los ánimos de la oposición parlamentaria.
El Gobierno explicó en su día que los términos bajo los que se presentaron los principios de acuerdos del Foro han mantenido las aguas exactamente como estaban antes de que emergiese la polémica por la última designación del LIC español en el Estrecho oriental. Para la oposición “nada podría alejarse más de la realidad” que ese análisis del Gobierno .
La coalición considera que el Ejecutivo no sólo ha “fracasado” en su obligación de “neutralizar esta cuestión”, sino que también “ha permitido, contrariamente a su posicionamiento anterior, la visita del señor Moratinos sin la previa resolución” del problema de las aguas o, hace apenas un mes, el incidente con los guardias civiles.
En su particular radiografía de los hechos, la alianza socialista liberal distingue dos hechos. De un lado, que la Comisión Europea haya aceptado y designado como lugar de importancia comunitaria (LIC) la zona definida por España como “Estrecho Oriental”. Este área incluía “una zona que había sido designada en 2006 como ‘Aguas Meridionales de Gibraltar’ a propuesta de Reino Unido”. La zona asignada a España “también incluye todas las aguas territoriales de Gibraltar e incluso aguas internacionales”, describió la oposición en una nota de prensa. “La aceptación de la designación española significa que como resultado España tiene responsabilidades legales sobre la zona”. Para la coalición, estos son acontecimientos vigentes y la terminología empleada por el Gobierno para asegurar que la supuesta amenaza sobre la jurisdicción de las aguas está neutralizada constituye un ejercicio “vago y ambiguo” que simplemente deja abierto el asunto al ámbito de las interpretaciones.
La cláusula adjuntada por el Ejecutivo reza textualmente que “las designaciones de lugares de importancia comunitaria y las decisiones de la Comisión Europera relativas a las mismas, vinculadas a la directiva 92/43/EEC no tienen implicaciones y por tanto no represrentan cambios para la soberanía, jurisdicción y control de las aguas a las que se refieren, que por tanto se mantienen igual que lo habían estado antes”.
En su lectura de este texto la oposición destaca que la palabra “designaciones” figura en plural, de modo que el párrafo “se refiere a la designación realizada por España y también a la hecha por Reino Unido en 2006”.
De ahí que la alusión de que se mantienen “igual que habían estado antes” significa para España que esas aguas son españolas del mismo modo que para Reino Unido significa que esas aguas son británicas. Así las cosas, España no admitiría en ningún momento “que las aguas están bajo jurisdicción control o soberanía británicas”. Decir lo contrario, como sugiere el Gobierno, constituye, a juicio de la oposición, un “completo amaño” de la realidad.
La oposición va aún más lejos al asegurar que en el hipotético caso de que Gibraltar resulte ganador en la denuncia de la última designación del LIC que ha elevado ante los tribunales europeos de justicia, el fallo perdería utilidad a causa del texto que acordaron hace tres semanas los gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar. Así, “si la designación española resulta anulada, la británica quedará con la nueva descripción política en cuanto a los arreglos incorporados por Caruana, Moratinos y Miliband”. Dicho esto, la oposición denuncia que Caruana “debe entender que como actual ministro principal de Gibraltar no tiene derecho, jugando de esta manera con las palabras, de debilitar nuestro posicionamiento sobre nuestras aguas territoriales”.
La oposición también se ha referido a la segunda de las cuestiones que cimentan el actual escenario de la territorialidad de las aguas. Ésta no es otra que las “incursiones de lanchas de la Guardia Civil en aguas de Gibraltar”, unas “incursiones” que “continúan” produciéndose . Lanchas que s”se niegan a contestar los llamamientos de la Royal Navy o la controvertida incursión en tierra firme de los agentes que perseguían una lancha.
De ahí que considere que al Gobierno “se le ha ido el asunto de las manos, completamente”y que esto puede deparar “graves consecuencias en el futuro”. La responsabilidad de las mismas recaerá exclusivamente “sobre los hombros del actual ministro principal y del actual gobierno”, apostilló.
Los extremos se tocan y las voces contrarias al Foro, sus acuerdos y sus objetivos vuelven a destacar por resultar diametralmente opuestas. En España, donde analistas insisten en percutir sobre viejas “soluciones” como el cierre fronterizo y el PP recalca la teoría del debilitamiento. Y en Gibraltar, donde la oposición arguye que Caruana poco menos que ha hecho entrega de las aguas territoriales. Estos planteamientos políticos garantizan que lejos de quedar “neutralizada”, la cuestión de las aguas seguirá coleando. El Gobierno sostiene la postura de la oposición tiene el efecto contrario del que postula.
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Autor: Redacción
